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Intromisión que limita la libre empresa
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Autor
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Lcda. Zoimé Alvarez Rubio
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Fecha
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20/03/2026
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En momentos críticos para la economía de Puerto Rico, el sector privado se ha convertido en el motor principal para impulsar la actividad económica, generar empleo y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a servicios esenciales. Sin embargo, en días recientes han surgido propuestas legislativas que buscan intervenir directamente en decisiones operacionales de las instituciones financieras, bajo el entendido de facilitar procesos a los clientes bancarios.
Una de esas medidas legislativas es el Proyecto de la Cámara 1176, que busca ampliar el monto establecido en transferencias electrónicas entre personas. Desde la Asociación de Bancos de Puerto Rico, advertimos que esta medida representa una intromisión que interfiere con la experiencia del sector privado en este tema, y amenaza los principios de libre empresa.
Los límites de estas transacciones no son establecidos de manera arbitraria. Cada decisión operacional está respaldada para garantizar la solidez y seguridad financiera de las instituciones, que a su vez están sustentadas por estudios rigurosos que consideran la prevención de fraude, la seguridad tecnológica, la protección del consumidor y el cumplimiento de estándares regulatorios locales y nacionales. Estas decisiones son producto de la pericia y la responsabilidad de profesionales que conocen a cabalidad los riesgos, las dinámicas del sistema financiero y la necesidad del mercado. Imponer límites mínimos por mandato legislativo es un riesgo que puede tener consecuencias reales para la seguridad de los clientes y la estabilidad financiera de los bancos y cooperativas. La medida presentada promueve e incita a la economía informal y a la evasión contributiva, desfavoreciendo a los comercios que responsablemente cumplen con tener sus negocios registrados en estas plataformas de transferencias de dinero, que actualmente tienen límites más altos de los solicitados en el proyecto.
El sistema financiero en la isla ha sido históricamente un aliado en la transformación digital. Es la industria privada la que invierte en innovación, desarrollando soluciones modernas y accesibles para el beneficio de los clientes. Los legisladores que obliguen a la industria financiera a ejecutar decisiones de negocio envían un mensaje preocupante y desalentador a la innovación y a la inversión.
No se trata de resistir el progreso ni de rechazar la modernización de los servicios financieros. Por el contrario, estamos comprometidos con ofrecer plataformas ágiles, seguras y accesibles que faciliten la vida de los ciudadanos. Esta medida pretende que los legisladores autores de la misma le digan a un banco o a una cooperativa qué riesgo y cuánto tiene que asumir.
Justo cuando la economía necesita que el sector privado se mueva con agilidad para generar empleos, inversiones y oportunidades, se pretende obstaculizar su gestión.
Puerto Rico necesita confianza, estabilidad y cooperación entre los sectores público y privado. La política pública efectiva no sustituye la experiencia por mandato; la complementa, creando marcos claros que permiten a las instituciones operar de manera segura y responsable. La economía de nuestra isla no puede permitirse el lujo de limitar el papel del sector privado en momentos donde se requiere su fuerza y pericia.
La innovación financiera y la libre empresa no se imponen; se construyen. Respetar los límites de cada sector es la única manera de asegurar un sistema financiero sólido y una economía en crecimiento.
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